El Real Decreto 666/2023, que regula la prescripción de medicamentos veterinarios y el control de antibióticos en animales, ha generado una fuerte oposición dentro de la comunidad veterinaria. Todo comenzó con el fallecimiento de Selva, una perra de 9 años, cuyo caso ha puesto de manifiesto las graves consecuencias de esta normativa. Selva murió a causa de una sepsis vinculada a las restricciones impuestas por la ley, ya que los antibióticos más potentes llegaron demasiado tarde, tras su fallecimiento.

En una conversación con Chacco Marketing, durante la pasada manifestación, Carla Aguirre, presidenta de la Asociación de Veterinarios Especialistas en Équidos (AVEE), destacó los puntos más polémicos del Real Decreto 666/2023, subrayando que la normativa limita el criterio profesional y científico de los veterinarios, obligando a seleccionar medicamentos y antibióticos de una lista específica, sin permitir mayor flexibilidad según el diagnóstico o la situación clínica de cada animal. “No podemos actuar basados en nuestro conocimiento y experiencia clínica. Estamos obligados a seguir lo que marca el Real Decreto 666, aunque sepamos que no será efectivo”, afirmó Aguirre.

Otro de los aspectos más criticados es el aumento de la burocracia, con un régimen sancionador severo en cuanto a la prescripción de recetas y la obligación de registrar los antibióticos en el sistema PresVet, impulsado por el Ministerio de Sanidad. Esta carga administrativa adicional, según los veterinarios, complica la práctica diaria y afecta la atención inmediata a los animales. Además, prohíbe la venta al por menor de medicamentos cuando el animal está bajo el cuidado de un veterinario, una medida que no se aplica en la mayoría de los países de la Unión Europea. “Esta medida limita la flexibilidad en el tratamiento y dificulta el acceso a los medicamentos, especialmente en zonas rurales, lo que podría impedir que los animales reciban la atención que necesitan a tiempo”, señaló Aguirre.

Consecuencias para los caballos

Las restricciones del Real Decreto 666/2023 también han tenido graves consecuencias en el tratamiento de los caballos. En España, los veterinarios especializados en equinos son responsables de la salud de casi 800.000 caballos, una cifra que tiene un impacto económico de 5.303 millones de euros, representando casi el 0,6% del PIB. Además, el sector cuenta con más de 175.000 explotaciones y genera más de 61.000 empleos directos. Las restricciones del Real Decreto podrían afectar directamente a este sector, ya que la falta de acceso a medicamentos adecuados o la interrupción de tratamientos puede poner en peligro la salud de estos animales. “Si un propietario no puede obtener el tratamiento adecuado, el caballo podría quedar sin tratar o se vería forzado a interrumpir un tratamiento a mitad. Esto es especialmente crítico en enfermedades infecciosas, donde interrumpir el tratamiento puede ser fatal”, advirtió Aguirre.

Desafíos en la adaptación a las nuevas regulaciones

La adaptación a las nuevas regulaciones ha presentado varios retos prácticos para los profesionales veterinarios. Entre los problemas más destacados se encuentran la falta de acceso a medicamentos adecuados para los animales, la escasez de productos en zonas rurales y la imposibilidad de utilizar medicamentos de otras especies que, en algunos casos, podrían ser más efectivos. Además, la obligación de usar medicamentos según las dosis y los usos establecidos en los prospectos, a menudo desactualizados, dificulta aún más la práctica clínica.

Compromiso con la lucha contra la resistencia antimicrobiana

Aunque los veterinarios coinciden en la importancia de combatir la resistencia antimicrobiana, Aguirre enfatizó que el sistema podría mejorarse sin comprometer la capacidad de los profesionales para actuar con rapidez y eficacia. “No estamos en contra de comunicar el uso de antibióticos, pero sí en contra de las sanciones. Los médicos humanos también deben registrar sus prescripciones sin enfrentar penalizaciones por errores administrativos, y creemos que los veterinarios deberíamos contar con un sistema similar”, indicó.

Aguirre también destacó que los veterinarios están comprometidos con la lucha contra la resistencia antimicrobiana desde su formación. De hecho, según la presidenta de AVEE, menos del 5% de los antibióticos utilizados en animales provienen de prescripciones veterinarias. “El 95% de los antibióticos no son prescritos por veterinarios, sino por médicos humanos. Deberíamos centrar los esfuerzos en ese porcentaje, mucho más relevante”, sugirió Aguirre.

Demandas de los veterinarios: un cambio urgente en la normativa

El pasado 5 de marzo, los veterinarios de toda España se manifestaron para exigir una revisión del Real Decreto 666/2023. El objetivo principal de la manifestación fue generar conciencia social y política sobre los efectos negativos de la normativa. Aguirre explicó que los veterinarios esperan que los políticos comprendan que la adaptación de la ley europea en España fue incorrecta y que sus consecuencias están afectando gravemente la salud y el bienestar de los animales. “Queremos que los políticos nos escuchen y comprendan que esta ley no solo está mal implementada, sino que también está perjudicando la salud de los animales en España”, concluyó Aguirre.

En definitiva, los veterinarios piden una revisión urgente del Real Decreto 666/2023 para encontrar un equilibrio entre el control del uso de antibióticos y la capacidad de los veterinarios para actuar de manera rápida y flexible en el tratamiento de los animales, asegurando así que la salud de los animales en España no se vea comprometida.