La Comisión del Juego de Puerto Rico ha aprobado una nueva normativa destinada a mejorar la protección de los caballos de carreras, una decisión que ha sido recibida con satisfacción por la American Association of Equine Practitioners (AAEP) y por los profesionales que han trabajado durante meses para impulsar estos cambios.
La principal novedad es la adopción de la denominada «voided claim rule», una medida que evita que se complete la compra de un caballo inscrito en una carrera de reclamación si durante la prueba o inmediatamente después sufre determinadas incidencias veterinarias. Entre ellas se encuentran el fallecimiento del animal en la pista, lesiones que obliguen a practicar la eutanasia, la retirada por decisión del veterinario oficial en la salida o la detección de cojeras, sangrado externo visible u otras condiciones que lo hagan no apto para competir.
Además, los compradores dispondrán de hasta una hora después de que la carrera sea declarada oficial para cancelar la adquisición si el caballo presenta alguno de estos problemas. Los ejemplares afectados pasarán automáticamente a la lista veterinaria hasta recibir el alta tanto de un veterinario autorizado como del veterinario oficial de la comisión.
La nueva regulación también contempla excepciones para quienes deseen adquirir el caballo con fines distintos a la competición, como la reproducción o el retiro deportivo. Asimismo, incorpora requisitos adicionales para caballos que regresan tras largos periodos sin competir, ejemplares importados y debutantes, que deberán completar un mínimo de tres entrenamientos oficiales registrados antes de disputar su primera carrera.
La iniciativa nace del trabajo desarrollado por el Caribbean Racecourse Welfare Group de la AAEP, dirigido por el Dr. Stuart Brown, en colaboración con veterinarios privados, la Comisión del Juego de Puerto Rico y organizaciones dedicadas al bienestar equino. Durante la pasada primavera, el comité «Private Veterinarians for Animal Welfare», liderado por el Dr. José García-Blanco, presentó varias propuestas regulatorias que desembocaron en la aprobación de estas medidas.
Según explicó Brown, la adopción de esta normativa supone un importante avance para el bienestar de los caballos de carreras en Puerto Rico. Además, destacó que el grupo analizará durante los próximos seis a doce meses los resultados obtenidos junto a los profesionales veterinarios del territorio.
La decisión también encuentra respaldo en estudios científicos. Una investigación publicada en 2025, basada en catorce años de datos de la Equine Injury Database, concluyó que los caballos que compiten en jurisdicciones con normas de este tipo presentan aproximadamente un 30 % menos de probabilidades de sufrir lesiones musculoesqueléticas mortales que aquellos que corren en lugares donde estas protecciones no existen. El estudio también señaló que las versiones más estrictas de estas reglas son las que logran una mayor reducción del riesgo.
Como complemento a estas reformas, desde el 1 de junio Puerto Rico exige que todos los caballos de edad de competición importados superen un examen veterinario de cojeras antes de ser registrados para competir. Los ejemplares adquiridos mediante transacciones digitales también deberán someterse a evaluaciones radiológicas y endoscópicas antes de incorporarse al programa de carreras local, con el objetivo de detectar posibles problemas que puedan comprometer su bienestar o su aptitud deportiva.
