A las diez de la mañana del miércoles 5 de marzo, miles de veterinarios, acompañados por representantes de organizaciones profesionales y científicas, colegios profesionales de diversas regiones, decanos y estudiantes de las facultades de veterinaria, se concentraron frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de Madrid para exigir la derogación del Real Decreto 666/2023, que entró en vigor el 2 de enero de 2025.

Los profesionales del sector denuncian que esta normativa afecta negativamente a la atención animal, restringiendo el uso de medicamentos, especialmente antibióticos, en las clínicas veterinarias. Además, critican la obligación de registrar previamente las prescripciones a través del complejo sistema PRESVET, lo que, según aseguran, supone una carga administrativa excesiva y dificulta su labor diaria.

Los asistentes coreaban consignas como: “Más medicina, menos oficina”, “Los veterinarios somos sanitarios”, “Asómate al balcón, que somos mogollón”, “¡Valentín, Valentín, no toquéis mi botiquín!” y “¡Almansa, escucha, estamos en la lucha!”.

Una de las intervenciones más destacadas fue la de Tania Oncins, portavoz del Colegio de Veterinarios de Madrid. Durante su discurso, Oncins leyó un manifiesto en el que reclamó “una regulación justa y responsable de los medicamentos”, defendiendo tanto la salud animal como la autonomía profesional de los veterinarios, quienes subrayan que las decisiones sobre el bienestar animal deben tomarse con criterio veterinario y no administrativo.

Los manifestantes también portaban pancartas con mensajes como: “Soy veterinario… mi profesionalidad no se cuestiona. Mi criterio no se criminaliza. No al RD 666/2023”, “21% IVA veterinario: somos la oveja negra del sector sanitario” y “PRESVET es prisión. Queremos solución”, entre otros lemas que reflejan el malestar del colectivo ante lo que consideran una normativa injusta y desproporcionada.

Este movimiento busca, además, llamar la atención de las autoridades para que reconsideren los aspectos más restrictivos de la legislación, con el objetivo de garantizar una atención más eficiente y menos burocrática, en beneficio de los animales y la salud pública.